Las multitudinarias marchas del 8 de noviembre, en las que participaron no pocos de quienes hace un año votaron a Cristina Fernández de Kirchner, expresaron un rotundo rechazo al gobierno nacional y la demanda de forjar una alternativa política de cambio.
La crisis de representatividad real de instituciones como el Congreso y los partidos políticos, explica qué los actores sociales canalicen sus demandas a través de movilizaciones en el espacio público, erigido en ágora real que sustituye en los hechos a aquellos espacios institucionales que deberían ser el ágora simbólica a la que remite la cláusula constitucional según la cual el pueblo sólo gobierna y delibera a través de sus representantes.
El 8 de noviembre es el eslabón más reciente de una cadena de hechos que arranca el 27 de junio con el acto en la Plaza de Mayo de la CGT que lidera Hugo Moyano y con la masiva manifestación del 13 de septiembre, y que seguramente tendrá una nueva y contundente demostración en el paro general previsto para el 20 de noviembre. Esa ola ascendente de protestas refleja el creciente repudio a la pretensión de perpetuar las prácticas autoritarias y antidemocráticas del “Partido del Estado”, que usurpa el nombre del peronismo para practicar un populismo socialmente regresivo e históricamente preperonista.
Un populismo que combina un capitalismo prebendarlo, que usufructúa los fondos públicos y en el que los únicos privilegiados no son los niños sino los empresarios “amigos” y los funcionarios cristino-camporistas, con la difusión del relato falaz de un “setentismo” tardío que dibuja una Argentina de fantasía, sin inseguridad, inflación, pobreza y corrupción.
La realidad muestra que la Argentina requiere un cambio de rumbo político y también indica que, dado que el peronismo es el eje del sistema político, la reconstrucción de su organización política nacional interesa a todos los argentinos y no sólo a los peronistas.
Esa reconstrucción del Movimiento Peronista resulta una condición necesaria aunque no suficiente para la consolidación institucional de la República, puesto que sin democracia interna en el peronismo no puede haber una democracia genuina y sustentable en la Argentina.
De ahí que, para que no se frustre la voluntad transformadora que se manifiesta en las calles, postulamos la reorganización e institucionalización del Movimiento Nacional Justicialista, que restaure el debate en libertad y la participación activa y democrática de sus miembros en la toma de decisiones, en especial la elaboración de sus propuestas de gobierno y la elección directa de sus dirigentes y candidatos.
Por último, creemos que esta extraordinaria expresión popular de protesta, en sí misma del todo legítima, requiere ahora avanzar en la formulación de una propuesta consensuada que establezca un rumbo estratégico para la Argentina, una visión de mediano y largo plazo que guíe el destino nacional por varias generaciones en las nuevas condiciones del siglo XXI.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
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