Por Mario César Elgue
Asistimos a un mundo global,multifacético y complejo, en constante mutación, tanto en el plano de las ideas como en las realizaciones. Estamos ante sociedades que renuevan las prácticas democráticas y procuran un equilibrio entre sus diversos sectores, intentando afianzar construcciones socioeconómicas mixtas y/o plurales. Por ello, junto al sector privado convencional y al sector público, en todos los países del mundo, existe otro espacio, otra forma de organizar la producción de bienes y servicios: la economía social.
Y al aludir aquí a la economía social, debemos convenir que hacemos referencia a parte de lo que el Gral. Perón denominaba las “organizaciones libres del pueblo”, a las cooperativas, a las mutuales, a la agricultura familiar, a las microempresas en red (rurales y urbanas) y a un conjunto deemprendimientos y redes asociativas que hacen hincapié en la persona y en su entorno territorial, apuntalando el arraigo en sus comunidades de origen, teniendo como meta al desarrollo local y regional.
Y es justamente el desarrollo local el
que emerge con la aspiración de ser una nueva política de Estado: así como ha
quedado demostrado que no existió el efecto “derrame” de lo macro a lo micro,
tampoco lo hay desde el ámbito nacional al local. En rigor, para ser
sustentables, dichas iniciativas productivas y laborales deben surgir de
las propias comunidades y del diálogo de los actores de cada región,
retroalimentándose con las políticas nacionales y provinciales.
Esta expresión de la economía social no
es para nada extraña a la historia del peronismo. El primer Perón lo corrobora
en su Informe al Pueblo,
sobre los alcances del Segundo Plan Quinquenal, cuando critica "el
equilibrio estático del capitalismo liberal" y reivindica "nuestro
equilibrio dinámico, que subordina siempre lo económico a lo social y lo social
a lo político, entendiendo que lo político es –en su más alta acepción–
realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación , mediante la
aplicación del sistema que denominamos de economía
social...”
Precisamente el Gral. Perón es quien
impulsó, en aquellos tiempos, una enérgica política de apoyo al cooperativismo
y al mutualismo, con especial énfasis en el genuino cooperativismo de trabajo y
en el cooperativismo agropecuario, en las mutuales de salud y en las
cooperativas de consumo. Salta a la vista que nada tiene que ver esta original
concepción del peronismo histórico con la actual utilización por parte de este
oficialismo de seudo cooperativas
de trabajo para planes
clientelares que desprestigian a tan noble instrumento, aprovechándose de las
necesidades de los más humildes y excluidos.
La economía social no es tan visible
como los otros sectores de la economía pero, sin embargo, se desenvuelve
protagónicamente a lo largo y a lo ancho de la geografía patria. Son alrededor
12.000 cooperativas y 4.000 mutuales que aglutinan un tipo distinto de
emprendedores y empresarios nacionales, con una gestión democrática, llevada a
cabo por sus propios asociados.
Las cooperativas y mutuales representan,
aproximadamente, un 10% del PBI, equivalente a unos 30.000 millones de dólares;
ocupan a más de 500.000 empleados y trabajadores asociados directos y a otros
500.000 indirectos, nucleando como asociados a un 35% de la población. Cubre
los más diversas rubros: desde cooperativas de obras y servicios públicos
(eléctricas, telefónicas, de agua potable), que tienen un peso decisivo en las
realidades regionales, hasta cooperativas agroalimentarias, como las nucleadas
en las federaciones de CONINAGRO y en otras vinculadas a las Federación Agraria
Argentina y a las mutuales de ayuda económica, de previsión, de asistencia
social y de recreación.
A su vez, las economías regionales y el
desarrollo local cuentan en sus territorios con innumerables redes asociativas
de microempresas, trabajadores rurales y pymes que garantizan una economía con
rostro humano, en las cuales cobra relevancia la Responsabilidad Social
Empresaria (RSE).
En este sentido, se puede rescatar y
replicar nacionalmente la destacada experiencia del Ministerio de la Producción en la Provincia de Bs. As. -en
el periodo 1992-99-, durante la gobernación de Eduardo Duhalde, a través de
organismos autárquicos como el IPAC, del programa de microempresas, el de
consorcios productivos y el de viveros de empresas, entre otros.
Estas consideraciones deberían servir
para la definición de políticas públicas de apoyo al sector, apropiadas a cada
situación: políticas de subsidio, crediticias, fiscales, comerciales, de
inversión, etc.
Propuestas para una política de Estado
Por lo antes expuesto, se propone:
Revalorizar a las genuinas cooperativas,
mutuales y redes de microempresas y pymes regionales e iniciativas de
agricultura familiar como organizaciones de capital nacional desconcentrado y
asignarles un tratamiento normativo, tributario y de financiamiento
diferenciados
Crear un Ministerio o Secretaría
de Estado de Economía Social, Agricultura Familiar y Desarrollo Local, con rango ministerial y
presupuesto propio.
Conformar una Mesa de Coordinación
Interministerial de Economía social, Agricultura Familiar y Desarrollo Local, de la cual participen todas las
estructuras y organismos gubernamentales con incumbencia en la materia.
Adecuar las normativas que atañen al
sector a los nuevos escenarios que se corresponden con un proyecto de
desarrollo integrado e inclusión social.
Incorporar la enseñanza de los
principios y valores del cooperativismo y el mutualismo en todos los niveles de
la educación formal.
Fomentar la capacitación, financiamiento
y tutorías en el campo de las iniciativas de la agricultura familiar, de las
microempresas y pymes regionales, como así también de los trabajadores rurales
organizados.
Promover acciones de Responsabilidad
Social Empresaria y la realización de Balances Sociales.
Apoyar las iniciativas ya existentes y
alentar otros proyectos de regionalización, consorcios y corredores productivos.
Profundizar el trabajo en común de las
cooperativas de obras y servicios públicos y los Municipios con las iniciativas
del ámbito provincial y nacional.
Impulsar la creación de cajas de crédito
cooperativas en las distintas regiones del país para que el ahorro quede y se
reinvierta en las localidades en donde operen.
En suma, adecuar las políticas y las
normativas que atañen al sector de economía social, a la agricultura
familiar y a las iniciativas de desarrollo local a los nuevos escenarios
que se corresponden con un proyecto nacional y popular de desarrollo integrado,
inclusión social, genuino federalismo y equilibrio territorial, que incluya una
efectiva democracia, con libertad de expresión, con la revalorización de
una justicia independiente y el control republicano de los actos de gobierno.
El autor fue presidente del IPAC, del
Ministerio de la Producción ,
en el período 1992-99, en la gobernación de Eduardo Duhalde. Ex presidente del
INAES, 2003-04 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Titular
del Departamento de Economía Social, Asociativismo y Desarrollo Local del
Movimiento Productivo Argentino (MPA). Presidente
de la FUNDACION CIESO
(de investigaciones en economía social).
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