Nada es para siempre

Fiorella Bronzini

La noche del 22 de octubre, en medio de los globos, la música y la fiesta, comenzó el derrumbe. Borrachos de euforia, los principales referentes de la alianza Cambiemos decidieron “ir por todo”. Con la victoria fresca, lanzaron su ofensiva en el Congreso y comenzó el desgaste.

Con mucho esfuerzo, sacaron la ley de reforma jubilatoria, que implicó una pérdida de haberes ya comprobada en la primera liquidación. En noviembre se hundió sin dejar rastros el submarino ARA San Juan, manejando el ministro Oscar Aguad con notable amateurismo la situación crítica. Recientes investigaciones dan cuenta que el buque no se encontraba apto para zarpar.

Días más tarde explotaron algunos escándalos que afectaron la imagen gubernamental: al ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) se le descubre una empleada en negro, a quien maltrata sin pudor, tal como prueba el audio viralizado. Increíblemente, el funcionario no fue removido de su puesto.

Se conocen asimismo las empresas off-shore en las que toma parte el ministro de Finanzas Luis Caputo. El hombre que emite y refinancia deuda externa –y por lo tanto maneja millones de dólares sin los controles parlamentarios que exige el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional- es titular de empresas creadas para evadir impuestos y/o lavar dinero (¿para qué otro fin se tiene una off-shore?).

Recientemente, el nuevo titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, también es relacionado con el mundo de las off-shores, dándose la paradoja que quien controla a los evasores sería uno de ellos.

También explotó el escándalo del vicejefe de Gabinete, Valentín Díaz Gilligan, quien según palabras de Francisco Casal, sería su testaferro en turbios negocios vinculados al fútbol. Otro que está en situación similar es el jefe de los espías, Gustavo Arribas. Salvo Gilligan, insólitamente todos estos funcionarios permanecen en sus cargos, mientras la Justicia avanza con su clásica lentitud en las investigaciones.

A ésto se le suma la colisión de intereses demostrada en los casos de los ministros Aranguren y Etchevehere, el escándalo del Correo Argentino, en donde el Presidente Mauricio Macri se perdonó a sí mismo una deuda de $ 70 mil millones de pesos, los casos de Panamá y Paradise Papers, y el aumento del 25% del tamaño del gobierno mediante abultados pagos políticos, que hoy intenta revertir a través de un anunciado decreto.

La suma de episodios de corrupción dejó al gobierno al desnudo frente a la opinión pública, en especial frente a aquella franja del electorado que lo apoyó hastiada de la corrupción kirchnerista. La decepción que provoca este nuevo desengaño, más los brutales tarifazos que se sueltan sobre la clase media y media baja, y la inflación sin resolver, han sido los motores del “hit del verano” una reacción auténtica y popular nacida en el mismo ámbito en donde el Presidente construyó su popularidad.

Más allá de que las hinchadas estén fogoneando el cantito MMLPQTP, es evidente que el grito de protesta prende entre las multitudes, expandiéndose entre estadios deportivos, recitales y cualquier ocasión en donde se junta gente. Algún burócrata intentó acallar la protesta, pero la idea fue dejada de lado.

El gran fracaso de esta gestión es no poder con la inflación, fenómeno que fue derrotado en casi todos los países del mundo. Aunque ¿quiere el gobierno realmente acabar con ella?

La conducción económica considera que los salarios en la Argentina son demasiado altos, lo que perjudicaría la competitividad del país. La única forma de bajar los sueldos es a través de un sostenido y controlado proceso inflacionario que licúe el poder adquisitivo del salario. Si se pautan convenios colectivos por debajo de la inflación, el gobierno vería concretado su anhelo de disminuir el peso de los salarios en la economía global. Además, el equipo económico está compuesto por operadores salidos del mundillo financiero, el que además vive un momento de gloria con las actuales reglas de juego de la economía argentina.

Frente a este proceso de tasas altas, déficit gemelos (comercial y fiscal), apogeo de las importaciones, fuga de divisas, tipo de cambio atrasado y consumo popular en franco retroceso, es lógico que el mundo de la producción esté disconforme. Los industriales se sienten traicionados por alguien que consideraban uno de los suyos. A los reclamos del sector, el gobierno contestó a través del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera –cuyo único vínculo con la productividad es la cría de caballos- quien los trató de “llorones”.

En medio de esta sucesión de sinsabores, el gobierno metió en la discusión pública temas que agrandan la grieta, con el doble propósito de polarizar a la población (Jaime Durán Barba coincide con Ernesto Laclau al respecto, en construir poder a partir de la definición de un enemigo) y de distraer a la opinión pública para que no focalice su atención en las penurias económicas.

El caso Chocobar y la admisión de extranjeros en hospitales y centros educativos reavivaron viejos debates en los que subyacen odios raciales y sociales, que no prenden tan fácil en el ecléctico pueblo argentino, como sí lo hacen en Europa y Estados Unidos.

El otro tema introducido livianamente es el de la despenalización del aborto. La posición del gobierno es confusa, ya que parece estar en contra, pero estimula la discusión porque cree que le conviene. Aparentemente, la votación en diputados sería favorable dada la transversalidad de sus apoyos, aunque su suerte en el Senado es incierta.

Quizás, el gobierno imagina que el aborto divide a la oposición, sobre todo aquélla que se referencia en el pensamiento del Papa Francisco. Inteligentemente, el Episcopado argentino no asumió una actitud ultramontana, sino que emitió un documento descremado y sin hacer ruido, lo que lo preserva de convertirlo en uno de los polos en pugna. Parece que Bergoglio aprendió de su error táctico cuando se discutió el matrimonio igualitario. Frente al despilfarro político que hizo el gobierno desde octubre hasta ahora, el peronismo encontró antes de lo previsto –y quizás contra su voluntad- ocasiones propicias para avanzar en un proceso de unidad.

El deseo de volver al poder sería más potente que los viejos enconos, y así van tejiéndose acuerdos parciales y provisorios que muestran ya un panorama diferente al del 2017. El nuevo presidente del PJ bonaerense Gustavo Menéndez ha sido uno de los pioneros en este proceso que incluye a todos los sectores del peronismo, y entre ellos a Cristina Fernández Kirchner, quien podría ser candidata a gobernadora, en donde no hace falta mayoría absoluta para imponerse.

El próximo encuentro a realizarse en San Luis será un test para comprobar hasta dónde llega la voluntad de unidad –es decir de poder- del peronismo. Aquí resultará clave la decisión del kirchnerismo, quien tiene la posibilidad de participar en un proceso de unidad peronista, o de promover una “uruguayización” del espectro político. Si elige la primera opción, se hallará en la antesala de una victoria en 2019. Si no opta por ello, el abanico partidario quedará dividido en tres: Cambiemos (expresión comparable al Partido Colorado oriental), el kirchnerismo con una parte del PJ metropolitano y la centroizquierda (una suerte de Frente Amplio) y el peronismo del interior referenciado en los gobernadores y el Senado (algo así como el Partido Blanco o Nacional uruguayo).

Este esquema tripartito le permitiría soñar al gobierno con la reelección, contando a su favor con los tres aparatos estatales más poderosos (Nación, PBA y CABA) y el apoyo de los principales multimedios. Claro que para ello necesita rectificar el rumbo económico, que está dejando a su paso empresas quebradas, trabajadores despedidos y creciente pobreza. Para aspirar a la continuidad en el poder, con Macri o con María Eugenia Vidal, el gobierno debe abandonar la improvisación y seguir con un nuevo plan estratégico que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los sectores clave del proceso productivo.

También el gobierno puede sufrir una división en su electorado: ha comenzado un proceso de armado de tinte socialdemócrata, con base en los radicales no contenidos por el gobierno como Ricardo Alfonsín, Martín Lousteau o Federico Storani, los socialistas y diversos grupos de centroizquierda no aliados del peronismo. Quizás no coseche más del 5% en una elección, pero puede ser suficiente para impedirle al gobierno llegar al 40 ó 45%. Para volver al poder, el peronismo debe encontrar su propia fórmula de unidad, no sólo desde lo procedimental –como sería una gran PASO nacional en la que jueguen todos- sino en un programa de gobierno que lo muestre claramente como una alternativa de poder, dejando de lado las medias tintas oportunistas y las posturas extremas beligerantes.

Oposición clara con un plan de gobierno posible, dentro del sistema republicano, con modales democráticos, sin proteger corruptos, y recorriendo el camino de la unidad peronista primero, luego la unidad con otros sectores de la oposición, para formular luego un llamado genuino a la unidad nacional, desde el poder.

Hay quince meses para intentarlo.